Jalisco (RRC): En un fallo que ha generado controversia en los círculos judiciales y de seguridad pública de México, un juez federal en Jalisco declaró prescrita la orden de aprehensión contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su presunta participación en el secuestro de una familia en Zapopan en 2012.
Esta resolución, emitida el 28 de septiembre de 2025, extingue la acción penal por el delito de delincuencia organizada vinculada a ese caso, dejando al capo libre de esta acusación específica después de más de una década de litigio sin avances en su captura.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado su apelación inmediata, argumentando que la decisión deja en estado de indefensión a las víctimas.
Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», «El Gallero» o «El Señor de los Gallos», es considerado uno de los criminales más buscados del mundo.
Nacido en Michoacán, Oseguera construyó un imperio criminal desde las sombras, liderando el CJNG, una organización surgida en 2010 tras la muerte de Ignacio «Nacho» Coronel, un operador clave del Cártel de Sinaloa.
Bajo su mando, el CJNG se ha consolidado como una de las mafias más violentas y expansivas de México, controlando rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos, extorsiones locales, lavado de dinero y alianzas internacionales en Asia y Europa.
El grupo ha protagonizado guerras sangrientas contra rivales como el Cártel de Sinaloa, dejando miles de víctimas en su afán por dominar plazas clave en Jalisco, Michoacán y más allá.
El Mencho opera con un perfil bajo, rodeado de medidas de seguridad militares y tecnológicas avanzadas, y rara vez abandona la sierra de Jalisco.
Su paradero exacto permanece envuelto en misterio, aunque reportes recientes sugieren problemas de salud renal, para los que habría construido un hospital privado en El Alcíhuatl, Jalisco.
Estados Unidos lo cataloga como uno de sus principales objetivos, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura, elevada en diciembre de 2024.
Además, el Departamento de Estado lo acusa de conspiración para traficar fentanilo y otras sustancias controladas. En México, enfrenta múltiples cargos por narcotráfico, secuestro y extorsión, aunque el número exacto de órdenes de aprehensión vigentes es desconocido.
Su hijo, Rubén Oseguera González («El Menchito»), fue condenado a cadena perpetua en marzo de 2025 en EE.UU., y el CJNG fue designado como organización terrorista extranjera, intensificando las operaciones contra su red financiera y operativa.
Episodios como un «pitazo» de la Guardia Nacional en 2021 que frustró un operativo en Guanajuato, o la negativa presidencial a autorizar su captura en El Grullo en 2019, ilustran las dificultades para apresarlo, alimentando especulaciones sobre filtraciones y protecciones institucionales.
El caso que ahora prescribe se remonta a 2012, cuando una familia completa –incluyendo hombres, mujeres y niños– de la zona de El Bajío, en Zapopan, Jalisco, fue secuestrada por presuntos integrantes del CJNG bajo las órdenes de El Mencho.
El objetivo no era solo el rescate, sino el despojo de sus propiedades inmobiliarias. Tras su liberación, las víctimas fueron obligadas a huir de México y se refugiaron en Texas, donde denunciaron los hechos ante autoridades estadounidenses y promovieron acciones legales para recuperar sus bienes.
Este secuestro formó parte de una ola de violencia en Jalisco, donde el CJNG consolidaba su control territorial mediante tácticas de intimidación y desposesión.
El expediente judicial, identificado como 53/2024, imputa a Oseguera Cervantes el delito de delincuencia organizada en relación con estos hechos.
Entre los coacusados figuran César Cazarín Molina («El Tanque»), Héctor de Jesús de la Cruz Juan («El Teto»), Ulises Héctor Olivares López y Wilfrido Vázquez Gutiérrez, todos identificados como miembros del CJNG.
Estos individuos están recluidos: algunos enfrentan procesos en curso y otros han recibido sentencias condenatorias por delitos relacionados.
La orden de aprehensión inicial fue emitida en 2012 por un Juzgado de Procesos Penales Federales en Jalisco, pero esa instancia desapareció con reformas al sistema judicial, por lo que el mandamiento se turnó a otros jueces para su ejecución supletoria.
Durante 13 años, el caso languideció sin que se lograra localizar al líder del CJNG, pese a operativos federales y colaboraciones internacionales.
El 28 de septiembre de 2025, el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco revisó el expediente y determinó que había vencido el plazo legal para ejecutar la detención.
Argumentando el agotamiento del tiempo para la acción penal, el juzgador decretó la prescripción, extinguiendo la causa y dejando sin efecto la orden de aprehensión.
«Por haberse agotado el tiempo legal para ejecutar la detención de Oseguera Cervantes, la acción penal quedó extinguida», se lee en el fallo, según reportes judiciales.
Esta decisión ha sido calificada como un «perdón» judicial por algunos medios, destacando las fallas en la persecución de capos de alto perfil que evaden la justicia por años.
La FGR no tardó en reaccionar: presentó una impugnación inmediata contra el sobreseimiento, alegando que la prescripción deja a las víctimas en un estado de total indefensión tras años de espera por justicia.
El expediente fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito, donde un magistrado ponente preparará un proyecto de sentencia que podría confirmar, modificar o revocar la resolución del juez de distrito.
Esta apelación representa un intento por mantener viva la persecución, aunque el proceso podría prolongarse aún más.
Este fallo no libera a El Mencho de todas las acusaciones en su contra; al contrario, sigue enfrentando cargos graves en México y EE.UU. por narcotráfico, secuestros adicionales y extorsión, lo que mantiene su estatus como fugitivo prioritario.
Sin embargo, resalta las grietas en el sistema judicial mexicano: la prescripción de acciones penales por demoras en capturas permite que líderes criminales como Oseguera acumulen impunidad selectiva, mientras sus organizaciones continúan operando con violencia.
Para las víctimas del secuestro de 2012, el sobreseimiento es un golpe duro, simbolizando la brecha entre la ley y la realidad en un país azotado por el crimen organizado.
Expertos advierten que casos como este podrían erosionar la confianza en las instituciones, especialmente ante la presión internacional de Washington por resultados concretos contra el CJNG.
Mientras la apelación avanza, El Mencho permanece en las sombras, un recordatorio vivo de que la guerra contra los cárteles es tan judicial como armada.
En un contexto donde el CJNG enfrenta designaciones terroristas y recompensas millonarias, este episodio subraya la necesidad de reformas para agilizar procesos contra fugitivos de alto impacto.
La justicia mexicana, una vez más, se encuentra en la encrucijada entre la letra fría de la ley y la demanda de equidad para los damnificados.
